Los rectores han estado meses dándole vueltas al calendario lectivo de las universidades. Ahora tienen casi a punto una propuesta para cambiarlo en profundidad. Y en breve la trasladarán al Gobierno. Quieren que desaparezcan los exámenes de septiembre y que éstos se hagan en julio antes de empezar las vacaciones de verano. Y se decantan por que el curso tenga menos días de fiesta en Navidad y en Semana Santa. "Es indispensable un calendario distinto. Los exámenes de septiembre quedan demasiado lejos de junio", dijo el presidente de la CRUE y rector, al tiempo, de la Universidad Autónoma de Madrid, Ángel Gabilondo.

El planteamiento de los rectores es que el curso lectivo tenga dos semestres. Que empiece antes, pero que acabe también antes. Liberando septiembre de los exámenes de recuperación, el curso podría empezar a principios de ese mes y no a finales como, en general, ocurre ahora. El curso acabaría también antes para que los alumnos que suspendan puedan hacer el examen de recuperación en el mes de julio, dijo Gabilondo.

Detrás de la propuesta de los rectores está la intención de homologar la Universidad española con la de otros países europeos, cuando nuestro país ya está dentro del Espacio Europeo de Educación Superior y lo estará completamente en dos cursos más.

Otro de los motivos que aducen para el cambio es que con el proceso de Bolonia el examen de junio perderá gran parte de su protagonismo porque deberá haber una evaluación continua durante todo el curso. "No se excluyen las clases magistrales, pero las pruebas pueden ser continuadas y el calendario del curso debe adaptarse al objetivo de la evaluación continua", dijo Gabilondo.

En este camino de adaptación a Bolonia, el Gobierno, dicen, debe hacer un esfuerzo económico. Por ejemplo, duplicando las becas. Gabilondo aplaude que el Ejecutivo vaya a aumentar este año el presupuesto para becas del 1,9% del presupuesto al 4%. El Ministerio de Ciencia e Innovación ya ha solicitado al de Economía una partida adicional para este capítulo (ver EL PAÍS del 12 de enero). Gabilondo cifró en unos 100 millones de euros el esfuerzo financiero total que tendría que hacer el Estado para apoyar el cambio en las universidades.